LA PACIENCIA TIENE UN LÍMITE Y SE AGOTÓ
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por la Gobernadora María Eugenia Vidal junto a los legisladores del oficialismo y un puñado de legisladores de la oposición que fueron funcionales a ella y a su proyecto político, arremetieron y cercenaron derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados del Banco Provincia.
Han manifestado erróneamente o de mala fe, que los trabajadores del Provincia tienen un régimen de jubilaciones de privilegio. Esto NO es así.
Simulan desconocer que dicho régimen tiene características especiales, no de privilegio. Se sostiene no sólo con aportes de las empresas, sino también con un aporte mayor a cualquier régimen previsional por parte de los trabajadores activos como el de los propios jubilados, quienes siguen aportanto luego de serlo; también con aportes extraordinarios de los trabajadores cada vez que hay un acuerdo salarial, un ascenso o cuando ingresan a la entidad y aportar su primer sueldo completo.
Aclarado el punto, sólo le queda como argumento a quienes han propuesto y a quienes han sido funcionales a los intereses de la Gobernadora para sancionar esta Ley, que la Caja del Banco Provincia es deficitaria y sobre este punto queremos plantear las siguientes reflexiones.
La primera es que casi la totalidad de las prestaciones sociales que realiza cualquier gobierno por naturaleza son “deficitarias”, como le gusta decir a este Gobierno de ricos para ricos. No entienden que son obligaciones constitucionales ineludibles de los estados. Es peligroso incursionar en ese discurso, de ahí a decir luego que la educación y la salud son deficitarias es un corto trayecto a pretender que todos los ciudadanos deben pagar por prestaciones consagradas con gratitud en la Constitución.
La segunda reflexión es que si la cantidad de jubilados es mayor a la cantidad de aportantes, tiene un único responsable: son los sucesivos directorios y gobiernos que establecieron el congelamiento de la planta de personal del Banco a pesar de la notoria falta de dotación, particularmente en las sucursales de la entidad, así como también el fenomenal fraude laboral que comete al tercerizar tareas que son propias de la institución, incluso mediante empresas del propio Banco.
Así las cosas, desde la falacia y la mentira avanzaron en la sanción de una ley injusta, inconstitucional, que contiene contradicciones en sus propios artículos que sobre un mismo tema dicen cosas diferentes, con imposición de obligaciones por encima de la de, de por si perversa recientemente sancionada ley previsional nacional.
Es una ley que no garantiza ni siquiera la movilidad que la propia ley indica, acrecienta la edad de las compañeras con relación a cualquier régimen de jubilaciones, establece 35 años de aporte, permite la rebaja del haber jubilatorio en hasta dos puntos cuando se le ocurra al funcionario de turno, prohíbe ( a pesar de numerosos fallos en contra) que alguien cobre la jubilación y la pensión de su cónyuge fallecido, quita el subsidio por enfermedad, etc, etc, etc…
Como si fuera poco la ley prevé que el deficit de la Caja sea absorbido por el propio Banco hasta donde el Directorio disponga. Es decir, si el Directorio no dispone financiar la totalidad del déficit o no tiene utilidades para ello, corre peligro el pago de dicho haber.
Y lo de igual de grave de esta medida, es que confluye con políticas nacionales y provinciales que desfinancian de una manera brutal y premeditada al Banco poniendo en riesgo su propia continuidad ante una eventual falta de liquidez.
La Asociación Bancaria junto a la totalidad de las CGI Del Banco Provincia venía realizando medidas de fuerza, que debieron ser interrumpidas por el dictado de una conciliación obligatoria, con la advertencia por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de la pérdida de la personería jurídica si no la acatábamos.
Dicha conciliación fue respetada en todos sus términos por parte de la Asociación Bancaria y ya ha finalizado. En ella tuvieron lugar diversas reuniones técnicas. No se llegó a un resultado favorable debido a la negativa gubernamental a modificar la ley, pretendiendo solo discutir aspectos reglamentarios.
Ante ello, el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria resuelve:
Buenos Aires, 30 de enero de 2018
Carlos Irrera, Analía Lungo, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, Pablo Regnier, Victoria Capoccetti, Walter Rey, Mariel Iglesias, Isabel Fernández, Gustavo Díaz, Enrique Ramírez, Cristian Stratico, Natalia Roino, José Giorgetti, Juan Pallo, Matías Layús, Gabriel Dipierri, Carlos Ferrari, Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Francisco Muratore, Claudio Bustelo