No dejamos de recordar. El 24 de marzo de 1976, a sólo 6 meses para las elecciones previstas para elegir un nuevo gobierno constitucional, tuvo lugar el golpe cívico militar más siniestro de nuestra historia. Los hechos demuestran que sus objetivos fueron, sobre todo, económicos.
Hubo un Dictador militar: Rafael Videla y un Co-Dictador empresario: José A. Martínez de Hoz, Ministro de Economía. La inmensa mayoría de los jueces les fue funcional, se disolvió el Congreso de la Nación, se impuso una intervención militar a la Asociación Bancaria, junto a los principales sindicatos y la CGT. Otro interventor militar fue designado en nuestra obra social, Servicios Sociales Bancarios, encauzándola hacia erogaciones que comprometieron su viabilidad.
La represión fue brutal. Entre decenas de miles de víctimas, más de doscientas bancarias y bancarios son aún hoy detenidos desaparecidos. Fueron presos dirigentes y activistas. Otros debieron exiliarse. Despidieron a cientos de delegados y militantes.
Hubo numerosos atropellos en los bancos, comenzando por el cambio compulsivo del horario de trabajo para ajustarlo al funcionamiento del mercado mundial.
Comenzaba el proceso de financiarización de nuestra economía, desplazando al eje productivo.
El objetivo de esa Dictadura fue imponer un modelo de apertura económica a costa de la industria y el trabajo nacional, orientado hacia la valorización especulativa del capital, funcional al Capital Financiero, favorable al sector agroexportador, a los grandes grupos empresarios y a una distribución regresiva del ingreso en perjuicio de los trabajadores. Las consecuencias fueron gravísimas, nuestro país quedó endeudado.
Esa política, en lo que hace a la desregulación de la actividad financiera, se ejecutó mediante la ley 21526 de Entidades que, para escándalo y perjuicio de nuestro Pueblo, sigue vigente, admitiendo prácticas usurarias y desvirtuando su carácter de servicio público.
Por eso:
Porque tenemos memoria, queremos la verdad y exigimos justicia pues hay crímenes aún impunes.
Porque nos resistimos a que hoy se insista en llevar a cabo el objetivo de Martínez de Hoz: un país para pocos en beneficio de los muy ricos, un país dependiente de decisiones que se toman fuera de él.
Porque insistimos en que la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura debe ser derogada y reemplazada por una nueva ley de servicios financieros.
Carlos Irrera, Analía Lungo, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, Pablo Regnier, Victoria Capoccetti, Walter Rey, Mariel Iglesias, Isabel Fernández, Gustavo Díaz, Enrique Ramírez, Cristian Stratico, Natalia Roino, José Giorgetti, Juan Pallo, Matías Layús, Gabriel Dipierri, Carlos Ferrari, Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Francisco Muratore, Claudio Bustelo