El Gobierno de Mauricio Macri dejó un brutal desquicio económico en las finanzas del Estado y, al país, en una virtual cesación de pagos que restringe la posibilidad de utilizar todos los instrumentos de política económica y financiera para superar el desastre recesivo agravado por el impacto del Covid-19.
Por ello el acuerdo anunciado por el Presidente Alberto Fernández tiene dos aspectos.
Uno positivo, pues se define un esquema de pagos que implica un importante alivio para las finanzas nacionales, la posibilidad de ordenar las finanzas públicas y emprender reformas que no admiten demora en materia de matriz productiva, distribución del ingreso, tributaria y financiera, para poder vivir con lo nuestro en un mundo que atraviesa una catástrofe humanitaria y económica.
El otro: la realidad de un acuerdo en el límite de la sustentabilidad exigida acertadamente por el Gobierno.
Al expresar pues nuestro respaldo a la decisión del Presidente Alberto Fernández, y a la gestión del Ministro de Economía Martín Guzmán, no podemos ignorar que durante este tiempo fue sometido a brutales presiones de los acreedores y sus socios locales para exigir condiciones imposibles de cumplir, y también para condicionar las reformas señaladas.
En este punto volvemos a reiterar que han de hacerse responsables de posibilitar el cumplimiento del acuerdo particularmente el Fondo Monetario Internacional, los profugadores de capitales y corporaciones evasoras de impuestos, los oligopolios formadores de precios y los beneficiados por la especulación financiera. Es así, pues ningún habitante de nuestro país puede pasar hambre, carecer de atención a la salud, de derechos como los alimentos, la energía, y la educación.